EL ESTADO DEMOCRACIA COMUNITARIA

El ESTADO DEMOCRACIA COMUNITARIA

El liberalismo y el socialismo han fracasado en su intento de configurar el estado rodeándolo de una democracia comunitaria. Tanto la influencia de el libre mercado y la oferta y la demanda liberal, hacen que el Estado haga dejación de sus funciones y se convierta en un mero espectador sin papel decisorio que lo basa todo en el poder de los votos. En España ya hemos tenido suficiente medicina de este concepto de vertebración del estado y que ha desembocado en la locura de las comunidades autónomas.

El socialismo mero remedo del original si quiere que el Estado intervenga en la gobernabilidad económica de la nación y como dijo un político al que todos conocemos es echar arena en los cojinetes. Ahí va la siguiente propuesta que unida a las anteriormente expuestas y que atañen a todos las esferas del funcionamiento de la nación, para demostrar que el Nacionalsindicalismo tiene respuesta para todos los problemas.                     

Rechazamos la separación del Estado y del Pueblo. No admitimos que el Estado sea la organización detentada por grupos o clases dominantes, que mandan, impuesta sobre la sociedad gregaria, que obedece. Por ello propugnamos que el Estado sea el instrumento jurídico de poder en manos del mismo pueblo organizado comunitariamente. Un instrumento al servicio de todos los españoles, no de un tirano, una oligarquía, una facción o una clase. Queremos que efectivamente, el poder sea del pueblo, la ley del pueblo y la organización del pueblo.

Defendemos pues un sistema de autogestión popular comunitaria, a partir de la democracia directa en las entidades naturales de convivencia. Es decir, que las entidades populares, tanto las de carácter vecinal o territorial, como las de carácter laboral, asuman por si misma las responsabilidades y funciones que puedan desempeñar en sus respectivos ámbitos y niveles; disponiendo para ello de autonomía y medios propios y preservándose la solidaridad para la ayuda mutua y la conjunción para abordar los asuntos comunes o generales.

Apoyamos la tendencia a la difusión o distribución del poder, en vez de su concentración. Entendemos que debe impulsarse al máximo la participación de las personas en los asuntos públicos, especialmente a través de sus funciones comunitarias. Que en lo posible y conveniente debe evitarse la abstención, la sustitución y la delegación, para que las personas sean mas responsables y mas dueñas de sus destinos.

La autoridad se justifica por el servicio al bien común y se sostiene por el asentamiento de la sociedad.

El desempeño de funciones públicas debe ser entendido como dedicación servicial, de ahí, que la austeridad haya de caracterizarlo y que nadie pueda eludir sus responsabilidades ante le pueblo.

El libre y efectivo ejercicio del derecho de asociación política de los ciudadanos debe ser reconocido, como vía de manifestación de las inquietudes ideológicas, que estimulen la vitalidad de los organismos populares formulando críticas e iniciativas a la actividad pública.

A nadie, a ningún grupo, ni partido le será lícito suplantar ni desvirtuar la soberanía popular, ni privar al pueblo y sus comunidades de los medios para ejercerla. A diferencia de lo que hoy ocurre, puesto que el poder le es arrebatado al pueblo por oligarcas, plutócratas, grupos de presión, facciones y organismos parasitarios interpuestos.

Todas las comunidades se integrarán en el ámbito superior que es la nación española. Los órganos nacionales del Estado serán su Presidencia, el Gobierno, las Cortes Populares –integradas por representantes de las comunidades territoriales y sindicales-, la organización Judicial y las Fuerzas Armadas. Los órganos nacionales del Estado se reservarán las funciones esenciales de poder: el arbitraje de los conflictos entre entidades, la protección de las personas contra los abusos de los grupos o de los individuos, el fomento de las actividades de utilidad pública, el apoyo a los sectores o comunidades deprimidos, la defensa y seguridad pública, las relaciones internacionales, la elaboración y vigilancia del cumplimiento de las normas básicas y comunes, que regulen la convivencia, los derechos y los deberes de los españoles.

Las Fuerzas Armadas constituirán una institución del Estado al servicio de la nación Española. Habrán de ser dotadas. Capaces, depuradas y suficientes, como sea preciso para velar por la seguridad del pueblo y sus instituciones frente a los atentados hostiles; para garantizar a España su soberanía y para defenderla en el cumplimiento de sus destinos contra la beligerancia y otras potencias.

El ejército será una milicia nacional y popular.

El poder judicial habrá de ser organizado y ordenado de modo que la protección del Derecho sea asequible efectivamente a todos los españoles. Deberá gozar de la máxima honorabilidad, independencia, y seguridad; para que puedan los jueces y tribunales cumplir fielmente su función de servir a la Ley.

El Estado que concebimos basado en la democracia directa comunitaria, se configura como una República de estructura comunal y sindical. Resultado de la revolución nacional sindicalista.

La política es la tarea de ordenar la convivencia para procurar el bien común, haciendo más fáciles, más dignos, más participantes en la vida humana a mayor número de personas. En consecuencia no se justifica la sociedad, ni su instrumento, el Estado, sino en cuanto se atienen a un destino, a una norma perdurable: la elevación integral en bienestar y en bienser de cuantos constituyen el pueblo, la participación solidaria en el bien común y su proyección y comunicación fraterna en el mundo.

Consiguientemente repudiamos el liberalismo tanto como el absolutismo; repudiamos la disgregación o divorcio entre el Estado y Sociedad, así como, la absorción de la misma por el aparato burocrático; rechazamos el sistema de partido único y el de partidos políticos conocido, o partitocracia