LA PRESUNCION DE INOCENCIA


La presunción de inocencia es un derecho mediante el cual nadie puede  ser tenido como reo de un acto delictivo, hasta que la autoridad judicial correspondiente no dicte sentencia inculpatoria en firme del caso. En tanto y cuanto esto no se produzca, no se podrá imputar un delito a nadie por muy evidente que parezca quien es el autor del mismo.
En España, las cosas funcionan de forma distinta: la presunción de inocencia no se rige en su aplicación por cauces estrictamente legales. Concurren otros factores que modifican el espíritu de la norma.
Si el que delinque es un político, no solo se le aplica la presunción de inocencia sino que además, por recovecos legales, hace que su procesamiento sea casi imposible, ya que esta élite goza de un privilegio llamado aforamiento por el que la vista de sus pleitos es exclusiva del Tribunal Supremo.
En principio puede parecer que el tema no reúne gravedad excesiva: el Tribunal Supremo, en teoría, ya que la práctica ha demostrado lo contrario es el la máxima autoridad del Poder Judicial. El planteamiento sería correcto, si no concurriese la circunstancia de que los magistrados que lo forman son nombrados por los políticos de forma dedocrática, sin atender a unos parámetros mínimos que confirmen las aptitudes y actitudes de los nominados para el desempeño de su cargo.
Si a ello se le añade, que la designación para el puesto de Fiscal General del Estado lo hace el Partido que esté en el poder, los leguleyos llamados jueces no son libres de aplicar la Ley sin presiones mediáticas  que pueden inducirlos a la prevaricación.
Trincones y depredadores se han dado cita en el mundo de la política con  el objetivo primordial de hacerse millonarios por cuenta de los caudales públicos de los que en teoría debían ser sus custodios. Han prevaricado, han robado, han estafado y han hecho del territorio confiado para su buena administración su cortijo privado. No existe lupanar sin visitar, ni barragana de lujo sin beneficiar. Restaurantes de alto copete y exquisitos manjares han colmado el apetito de sus delicados paladares.
Soberbias mansiones y coches de alta gama, constatan el faraónico modo de vivir de estos desaprensivos.
Y lo que es más importante: la fechoría no la han consumado ellos por sí solos. Para facilitar la tarea, se han rodeado de una serie de adláteres  que los han ayudado previo generoso pago por sus servicios, al esquilme de las arcas públicas.
Por todos es conocido el hecho de lo que ocurre cuando alguno de estos desvergonzados es descubierto y puesto a disposición de la justicia. En la mayoría de los casos, ha pagado como único inculpado un testaferro que se ha comido el marrón, sin que aparezcan otros responsables por algún pacto mafioso de silencio. Como por ejemplo el Caso Malaya.
En otros, lo jueces nombrados por ellos mismos, no han admitido siquiera a trámite casos de enriquecimiento ilícito tan palpable como el del Sr. Bono.
O bien, como la protección del aforado es la responsable de dilatar el trámite en el tiempo, hasta que el mismo caiga en el olvido, caso del campeón llamado Pepiño.
Y como guinda de los despropósitos nos queda el caso de los ERES en Andalucía, aunque en la provincia de Sevilla no parece que se vean perjudicados a tenor de los resultados de las últimas elecciones, en un caso típico de Síndrome de Estocolmo. El escándalo del Faisán, en el que los verdaderos culpables se van a ir de rositas. Y por último paradigma de ignominia  sin precedentes, la falsificación de pruebas en el tristemente episodio del 11M.
Hasta integrantes de la institución próxima a desaparecer conocida por monarquía, son igualmente presuntos procesados por el delito de golfería continua.
En todo lo referido se encuentra la figura del PRESUNTO, que dista mucho de parecerse a la de otros, teóricamente presuntos, sobre los que, inexorablemente caerá el peso de la Ley.
Presuntas víctimas del consumismo hedonista, que se ven imposibilitados de hacer frente a desmesuradas hipotecas y son acosados por las entidades financieras que los apremian a restablecer la situación so pena de ver como pierden el bien y por añadidura siguen endeudados de por vida.
Presuntos afectados por la llamada letra pequeña de los contratos de créditos en los que se legalizan presuntas estafas de usura con intereses por demora que sobrepasan el 30%.
Para este sector de ciudadanos la presunción es de culpabilidad. El acoso continúo a través de las formas de extorsión más variadas con llamadas telefónicas que causan la zozobra de toda la familia. Cartas certificadas. Autos de resolución de los Juzgados anunciando embargos y expropiaciones. Y la puesta en conocimiento a los centros de trabajo de la morosidad de los infractores.
Ante esta situación, no es mucho pedir una justicia que sea la defensora de los derechos y garante del trato igualitario para todos. Según la Constitución, los españoles somos iguales ante la ley. Lo que sucede es que unos son más iguales que otros.





 
 
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